ADVIERTEN QUE LA INVESTIGACIÓN PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES QUEDARÁ SIN RESPALDO SI SE REDUCE EL ROL DEL INTA
Desde la Agencia del INTA de General San Martín, el ingeniero agrónomo Gerardo Martínez cuestionó la propuesta de reconfiguración del organismo y alertó sobre el impacto que tendría en la investigación destinada a cultivos regionales como tabaco, caña de azúcar y yerba mate.
La Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) volvió a expresar su preocupación por el futuro del INTA y advirtió sobre las consecuencias que podría generar una reducción de su estructura y de sus capacidades de investigación, especialmente en las economías regionales y en los sectores productivos de menor escala.
En ese contexto, el ingeniero agrónomo Gerardo Roberto Martínez, integrante de la Agencia INTA de General San Martín, planteó un interrogante que resume la preocupación del sector: "Debemos preguntarnos qué empresa o qué gobierno provincial financiará investigaciones sobre tabaco, caña de azúcar, yerba mate y otros cultivos de pequeños productores del NOA y el NEA". Las declaraciones se producen en medio del debate sobre una propuesta de reconfiguración del organismo, que contempla una mayor participación del sector privado y de los gobiernos provinciales en tareas de extensión rural y transferencia tecnológica.
Desde APINTA sostienen que el INTA cumple un papel estratégico en territorios donde el mercado no encuentra incentivos económicos para invertir en investigación y desarrollo. Por ello, consideran que la investigación tecnológica agropecuaria debe seguir siendo una política central del organismo y contar con financiamiento adecuado para garantizar su continuidad.
Una "falla estructural de mercado"

Ingeniero agrónomo Gerardo Roberto Martínez, integrante de la Agencia INTA de General San Martín.
Martínez explicó que uno de los principales cuestionamientos del gremio se relaciona con lo que definen como una "falla estructural de mercado", es decir, la falta de interés privado para financiar investigaciones en regiones o actividades de baja rentabilidad comercial. "El sector privado invierte donde existen posibilidades de recuperar rápidamente los recursos y obtener ganancias. Pero hay producciones regionales y pequeños productores que quedarían sin apoyo tecnológico si el Estado abandona ese rol", sostuvo. Según el profesional, el rediseño que preocupa a los trabajadores del organismo ya se está reflejando en la práctica mediante una reducción operativa vinculada a la pérdida de personal altamente calificado.
Alerta por la pérdida de capacidades
Desde APINTA remarcan que la disminución de recursos humanos implica la pérdida de conocimiento acumulado durante décadas, experiencia técnica y vínculos construidos con productores y comunidades rurales. "Son capacidades que no se reemplazan fácilmente", señalaron desde la organización gremial, al tiempo que alertaron sobre el cierre de agencias, la venta de activos y el debilitamiento de la red territorial del instituto.
Para Martínez, el riesgo es que desaparezca la principal institución pública capaz de generar conocimiento aplicado al sector agropecuario en todo el país, incluyendo aquellas regiones donde la actividad privada no encuentra incentivos para intervenir. "El cierre de agencias, la venta de activos y la reducción de la presencia territorial son medidas improductivas", afirmó el ingeniero, quien defendió la continuidad del trabajo científico y técnico desarrollado por el organismo.
El rol estratégico del INTA
Desde APINTA insisten en que el INTA necesita fortalecer su financiamiento y no reducirlo, ya que consideran que constituye una herramienta fundamental para sostener la investigación agropecuaria, la innovación tecnológica y la soberanía alimentaria del país. La entidad sostiene que la presencia territorial del organismo ha sido clave para acompañar a productores de distintas escalas, promover tecnologías adaptadas a cada región y generar conocimientos que, en muchos casos, no serían desarrollados por actores privados debido a su escasa rentabilidad económica.
En ese marco, el gremio reafirmó su postura en defensa de la investigación pública y advirtió que cualquier proceso de desmantelamiento podría tener consecuencias directas sobre el desarrollo productivo de amplias zonas del interior argentino.
D.N



















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