EL JUEZ MIANOVICH ELEVÓ A JUICIO LA CAUSA POR VENTA ILEGAL DE VEHÍCULOS DEL ESTADO

La Justicia federal envió a debate oral la causa contra una red integrada por funcionarios públicos, policías y empresarios. Se los acusa de montar una estructura delictiva para sustraer vehículos de la flota oficial de la provincia mediante la falsificación de decretos y documentos registrales.

El juez Federal de Resistencia N° 2, Ricardo Mianovich, elevó a juicio la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en la transferencia de vehículos oficiales del Estado chaqueño durante la gestión de Jorge Capitanich.

El fallo ratifica la existencia de una "organización criminal" dedicada a sustraer ilegalmente vehículos del patrimonio público provincial mediante la falsificación de documentos y decretos gubernamentales.

La investigación comenzó en junio de 2021, cuando Víctor Adrián Veleff, titular de un Registro del Automotor en Resistencia, notó algo extraño al procesar la transferencia de una camioneta de la Jefatura de Policía del Chaco. Una leve diferencia en el color de la tipografía de un anexo del Decreto Provincial N° 3261/2015 le llamó la atención. 

Al contrastar la documentación física con la base de datos digital del Gobierno del Chaco, Veleff descubrió que los datos no coincidían: el lote, el dominio y el adquirente habían sido alterados para simular una venta legítima que nunca ocurrió. 

Según el fallo, la maniobra se iniciaba en la Dirección General de Gestión de Bienes, bajo la responsabilidad de Lidia del Carmen Costas. La exfuncionaria está procesada por suscribir formularios y certificar copias de decretos modificados para incluir vehículos que no estaban autorizados para subasta, facilitando que pasaran a manos de particulares y de la firma Solint S.A.S.. 

La red contaba con otros eslabones clave como los sargentos de policía Daniel Rojas y Marcos Vargas habrían certificado formularios de verificación física de los vehículos sin haber tenido las unidades a la vista. La justicia destacó que estas verificaciones se hicieron en Formosa durante las restricciones de la pandemia por COVID-19, lo que hacía "materialmente imposible" el traslado de los rodados.

También se menciona a Mario Orlando Bistman, quien fue identificado como el encargado de canalizar la documentación apócrifa para que los vehículos llegaran a los beneficiarios finales. Dichos beneficiarios eran Santiago Daniel Dellacasa y su padre, Héctor Jorge Dellacasa, quien falleció durante el proceso, que figuran como los responsables de la empresa Solint S.A.S., receptora de gran parte de los rodados sustraídos.

La defensa de Santiago Dellacasa intentó frenar la elevación a juicio alegando que no había pruebas directas contra él y que toda la gestión era realizada por su padre fallecido. Sin embargo, el juez desestimó el planteo señalando que Santiago es el titular único de Solint S.A.S. y que su correo personal era el declarado en el Registro Automotor para recibir los títulos digitales de los vehículos obtenidos ilegalmente.

Los imputados enfrentarán el juicio oral bajo cargos de falsedad ideológica, uso de documento falso y asociación ilícita, en concurso real. El proceso de instrucción se dio por clausurado al entender que existen elementos suficientes para que un tribunal oral determine las responsabilidades definitivas en este millonario fraude contra la administración pública.