LA INCLUSIÓN SOCIAL QUE PRETENDEN EXCLUIR

Las historias detrás de las estrategias del gobierno para dilatar la inclusión de comedores en el programa Alimentar Comunidad.

Es lunes 19 de enero, casi las 20.30. Analía Morales acaba de salir del comedor y merendero donde cocina y atiende familias desde hace ocho años en Salsipuedes, Córdoba. Apenas empieza a conversar rompe en llanto. Había publicado un rato antes en sus redes sociales las fotos de las zapatillas rotas de un nene, con los dedos de los pies asomándose, al desnudo. “Eso casi que es lo mínimo que vemos. Tampoco nos alcanza la comida, pero la situación es totalmente crítica. Otra vez hay abusos, otra vez embarazo adolescente. Hoy le damos de comer a una chica de quince años que me cuenta que está embarazada pero después serán ella y sus bebés. No damos más”, le cuenta a Página/12.

El comedor se llama Rayito de Sol. Cuando abrió sus puertas en 2018 eran 15 mujeres a cargo. Hoy quedan dos. Una de ellas es Analía, una trabajadora social de 44 años, que por la tarde había llevado de su casa dos huevos, harina y unos duraznos. “Estamos sobreviviendo con nada”, dice entre sollozos. Hubo un tiempo en que recibían ayuda estatal que llegaron a alimentar a unas 150 personas. Ahora con suerte llegan a darles de comer a treinta.

Se trata de uno de los comedores que cuya inclusión en el programa Alimentar Comunidad el Ministerio de Capital Humano dilata con artilugios, como hace con tantos otros. Integra una lista de 30 que el Gobierno debía incorporar para cumplir con la medida cautelar dictada en 2024 por el juez Walter Lara Correa (que está firme) en el contexto de un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Esta causa fue impulsada cuando a comienzos de su gestión el gobierno de Javier Milei decidió directamente cortar el envío de alimentos a comedores populares y merenderos con el argumento de que no querían organizaciones intermediarias y que harían auditorías, que nunca concretaron de manera apropiada.

La cartera de Pettovello está condenada en primera y segunda instancia por cortar la llegada de alimento a los barrios pobres. La sentencia de fondo está en la Corte Suprema. Pero la cautelar está firme. El mecanismo que estableció el juez de la causa es que Capital Humano debe ir relevando los comedores que se presentan en el expediente para darles los fondos correspondientes para garantizar el derecho a la alimentación. Cuando empezaron las vacaciones en triunales intentó eludir el cumplimiento de la cautelar. Pero el juzgado de turno habilitó la feria judicial.

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad. Que confirmó la existencia de diez comedores y que en cuatro casos cuando fueron sus funcionarios a verificar, no había nadie. Esto último pasó con Rayito de Sol. Fueron el día posterior a Navidad, que era viernes, y estaba cerrado por ese fin de semana. Suele abrir tres veces por semana, desde las 16.30. Pero para el Gobierno no existe. Peor, después hablan de comedores “fantasma”.

Batalla simbólica

Después de que este diario revelara, la semana pasada, que Capital Humano pretendía pasar por alto enero e incumplir con los comedores, esa dependencia intentó desacreditar al CELS y a la UTEP con un “comunicado oficial”. Les atribuyó haber solicitado “la habilitación de la feria judicial bajo el argumento de que existían riesgos graves e inminentes para los sectores vulnerables” pero que luego cuando fue convocada la asociación El Amanecer de los Cartoneros (una de las que impulsoras de la demanda original) para firmar convenios, ningún representante asistió. Acusaron a las organizaciones de “usar el sistema judicial con fines políticos”. Ese fue lo que difundieron para los medios el miércoles 14 de enero. Además mezclaron, adrede, temas de distinta índole.

En el caso del Amanecer se trata de la renovación de acuerdos que vencen en febrero (no son convenios nuevos) para el Merendero Abuelo Juan (Viedma, Río Negro), Las Palomitas (Córdoba) y Eva Luna y sus amigos (Mar del Plata). Sus representantes pidieron a Capital Humano por e-mail acordar una cita a la que pudieran asistir. Ante la falta de respuesta, decidieron ir directamente el viernes último pero en el ministerio no había ningún funcionario ni agente trabajando que pudiera hacer ese trámite ni se les ofreció una fecha concreta.

De todos modos, este es solo un aspecto. La habilitación de feria se pide y se concreta siempre desde que está vigente la cautelar, para que no haya interrupciones en el ya trabajoso trámite de que el Gobierno reconozca a comedores y los incorpore a la política alimentaria. Por esta cuestión y los 30 casos requeridos en diciembre por las organizaciones, Capital Humano presentó sus excusas habituales para dilatar el trámite.

El CELS y la UTEP presentaron un escrito donde denuncian a la cartera por incumplimiento. Señalan que “antes de que Amanecer se presentara físicamente en la sede ministerial, el Ministerio ya había difundido públicamente una versión falsa de los hechos, anticipando una narrativa exculpatoria….” “Esta conducta no solo resulta inadmisible en términos administrativos sino que constituye una maniobra deliberada de desinformación e incumplimiento procesal, que vulnera frontalmente la medida cautelar vigente y afecta directamente los derechos del colectivo beneficiario”, dice el escrito.

“Este tipo de publicaciones oficiales no puede considerarse un hecho menor. La utilización de los canales de comunicación del Estado para difamar a organizaciones sociales que litigan judicialmente en defensa de derechos fundamentales, y para justificar públicamente un incumplimiento de una orden judicial, viola el principio de buena fe procesal, debilita el rol procesal del Estado de Derecho y expone a las organizaciones a situaciones de estigmatización y hostigamiento”, agrega el texto. Señala que hay “desobediencia institucional” con “justificaciones falsas” y pide una sanción económica (astreintes) para la ministra Pettovello. Ahora Lara Correa deberá resolver esta cuestión.

Apuesta al desgaste

Parece evidente que el Gobierno apuesta al cansancio y desgaste de las organizaciones y los comedores. El año pasado anuló el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renaccom), de modo que ya no existe ningún registro oficial y cada vez que algún espacio se presenta en la causa el juzgado informa y el Capital Humano debe verificar su funcionamiento para luego ser incluido en el programa Alimentar Comunidad (que consiste en la entrega de una tarjeta prepaga para la compra de alimentos). El presupuesto proyectado para políticas alimentarias será 15,8 por ciento menor en 2026 que en 2025: de 79.700 millones de pesos baja a 67.104 millones, como si tampoco hubiera existido el 32 por ciento de inflación.

Antes del comunicado de la semana pasada, las organizaciones habían presentado un pedido para que se ejecute la medida cautelar en los comedores recientemente verificados y las explicaciones sobre los casos visitados en días en que están cerrados. “Las situaciones descriptas no permiten concluir la inexistencia de los espacios mencionados ni desconocer su carácter socio-comunitario, sino que responden a circunstancias transitorias, estacionales o directamente vinculadas a la falta de provisión de recursos, lo que refuerza la necesidad de una intervención estatal adecuada en el marco del mandato cautelar vigente”, advirtieron.

Yamila Monzón, que se ocupa de 23 comedores del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) en Quilmes. Cuenta que las mujeres que atienden a los chicos y chicas y que les hacen la comida, viven entre malabares. A veces cierran porque les salió un trabajo, o porque no les alcanza el alimento. Tratan de mantener tres veces por semana para que haya una previsibilidad. Les pasó en uno de los espacios que aparecieron los funcionarios de Capital Humano el 23 de diciembre y no estaban, porque estaban limpiando baños por ese día. “Tratamos como sea de no dejar a la gente sin comida –cuenta Yamila a Página/12--. No estamos arreglando con donaciones y la provincia de Buenos Aires nos provee comida una vez al mes, pero no solo que recibimos menos sino que desde el año pasado aumentó mucho la demanda, se hace difícil”.