LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES AUGURAN UN 2026 CON MÁS PROTESTAS EN MENDOZA

Desde Mendoza

El 2025 quedará marcado como un punto de inflexión en la política mendocina y en la construcción de poder de Alfredo Cornejo. Fue el año en que el gobernador blindó su hegemonía en el tablero provincial y avanzó con leyes que abrieron la puerta a la megaminería metalífera y a la exploración en periglaciares. Con mayoría parlamentaria sólida y oposición debilitada, convirtió a la Legislatura en escenario de su poder para imponer no sólo leyes pro minería, sino también iniciativas impopulares como la reforma del Estatuto del Empleado Público. Para coronar el año, Cornejo logró lo que no pudieron sus predecesores del PJ y la UCR: destrabar el Proyecto San Jorge. De yapa, ofreció a su socio político Javier Milei una ley pionera que habilita a las mineras a actuar en ambientes periglaciares, en la previa de una discusión que promete ser de antología: la modificación de la Ley de Glaciares.

Sin embargo, mientras el oficialismo celebraba victorias legislativas y vendía a Mendoza como “tierra de oportunidades” en foros promineros, las calles, rutas, plazas y tribunales resurgieron como espacios de resistencia. Las múltiples protestas de 2025, aunque sin la masividad de la pueblada de 2019 que frenó a Rodolfo Suárez en su intento de reformar la Ley 7722, se multiplicaron en acciones territoriales y acciones judiciales que buscan torcerle el brazo al poder político. De aquella masividad se pasó a una capilaridad de manifestaciones que se expanden en todos los departamentos.

Tribunales, la otra trinchera

Al igual que las protestas, las medidas judiciales contra San Jorge se replican. La última semana de 2025 ingresaron tres recursos de amparo y dos pedidos de inconstitucionalidad a la Suprema Corte, todos con el mismo objetivo: frenar en seco el proyecto “PSJ Cobre Mendocino”. Cuestionan no solo la ilegalidad de la DIA aprobada en la Legislatura sino el modelo de “cheque en blanco” que el Estado habría otorgado a la explotación metalífera en Uspallata.

La última medida fue interpuesta por OIKOS red ambiental. El documento desnuda lo que denomina una “secuencia viciada” en la Evaluación de Impacto Ambiental. Según OIKOS, la empresa Minera San Jorge S.A. –una sociedad de una sociedad de Zonda Metals (70%) y el Grupo Alberdi (30%), siendo el propietario final el Grupo Solway- utilizó el estatus de “Ingeniería de Prefactibilidad” para evitar entregar detalles técnicos obligatorios antes de obtener permisos. A pesar de que organismos de consulta como la Universidad Nacional de Cuyo y el Departamento General de Irrigación emitieron dictámenes con cientos de observaciones, la autoridad ambiental aceptó las promesas de la minera de completar la información “en la etapa de construcción”. La demanda identifica áreas de riesgo extremo que fueron “pateadas” para el futuro.

Las calles vuelven a levantarse

Desde que el 9 de diciembre la Legislatura convirtió en ley la DIA del proyecto San Jorge, se multiplicaron las protestas en calles y plazas de Mendoza. Ruidazos, muraleadas y caravanazos ganaron rincones del Sur, el Valle de Uco y el Gran Mendoza, con las Asambleas por el Agua como abanderadas. En una de las últimas protestas se sumaron agrupaciones sociales, de jubilados y estudiantiles como la Asamblea Interfacultades y llegaron hasta Casa de Gobierno. Los ruidazos son casi diarios en la Capital, pero hay todo tipo de protestas en el territorio provincial. Sobre el puente de la ruta en el río Tunuyán se instaló un acampe desde la previa del tratamiento de la ley, donde decenas de vecinos pasaron las fiestas y organizan acciones. Todo en un marco de persecución oficial que implicó que varios referentes fueran encarcelados y aún estén imputados en causas que los obligan a transitar tribunales durante meses.

Más allá de las banderas visibles de las asambleas por el agua, las manifestaciones son autoconvocadas y espontáneas. No hay estructuras partidarias ni jerarquías tradicionales: son los propios vecinos quienes, desde cada barrio y a través de redes y WhatsApp, organizan marchas, cortes de ruta, muraleadas y ruidazos. La horizontalidad es la marca registrada de las asambleas, que funcionan como espacios abiertos donde las decisiones se toman colectivamente y las voces se multiplican sin liderazgos únicos. Esa dinámica les otorga una potencia singular, capaz de replicarse en múltiples territorios al mismo tiempo.

Las protestas se expanden como un tejido vivo: cortes de ruta en General Alvear (sobre todo en Calle 0 y la ruta 143), murales en San Carlos y San Rafael, ruidazos y marchas en la Capital, el acampe de Tunuyán. Cada acción se enlaza con la otra y construye un mapa de resistencia que atraviesa la provincia. Para el 17 de enero, las Asambleas por el Agua coordinan una acción provincial que coincidirá con la fecha en que el Ejército Libertador partió al cruce hacia los Andes: el “caravanazo libertador” desde distintos puntos hacia Uspallata, pensado como gesto de continuidad histórica entre la gesta sanmartiniana y la defensa actual de los bienes comunes.

La memoria de 2019

La pueblada del agua de diciembre de 2019 sigue siendo referencia inevitable. Apenas asumió Rodolfo Suárez, intentó reformar la 7722 y habilitar el uso de cianuro. La respuesta fue inmediata: manifestaciones sorprendieron al flamante gobernador. La más contundente partió desde el Valle de Uco y llegó a Mendoza el 23 de diciembre. Suarez la esperó con un operativo con gases y balas de goma contra miles de vecinos, entre ellos familias enteras. La imagen de la pueblada dio la vuelta al mundo.

Las protestas de 2025 tienen otra fisonomía. Desde que se anunció la reactivación del expediente San Jorge hubo caravanazos en Uspallata y en la Capital. Tras la sanción de la ley, las protestas se multiplicaron en San Carlos, Tunuyán, Tupungato, General Alvear, San Rafael y sobre todo en la Capital, donde un ruidazo en el km 0 fue reprimido con gases, balas de goma y detenidos. Lejos de amedrentarse, vecinos y asambleístas siguieron en las calles. Ese mismo viernes hubo un ruidazo en Arístides Villanueva y Belgrano, epicentro nocturno de bares y cervecerías. El acampe sobre el río Tunuyán se mantiene como símbolo de resistencia y lugar de encuentro.

Protagonistas de la resistencia

Consultado por Página 12, Agustín Sánchez Mendoza, abogado de OIKOS, subrayó que las acciones legales están “muy bien fundamentadas en las opiniones consultivas y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Nacional, que excluyen la validez constitucional de autorizaciones ambientales condicionadas, precarias o basadas en estudios diferidos”. Aunque apuesta a que los jueces sopesen la solidez de los argumentos, anticipó que si no obtienen respuesta agotarán las vías recursivas hasta llegar a la Corte Nacional y, de ser necesario, acudirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Pilar Castilla, de la Asamblea por el Agua de Alvear, plantea que “esta va a ser una lucha muy larga, distinta a la de 2019, con características propias de una lucha por el agua, que es utilizar todos los frentes, y uno de esos frentes es la calle. Más allá de las diferencias entre Cornejo y Suárez, entre Milei y Alberto Fernández, la realidad es que la calle no la vamos a abandonar”. Castilla asegura que las condiciones están dadas para que los tribunales frenen el proyecto, pero advierte que “no vamos a dejar de estar en las calles. No sabemos cómo termina el recorrido, pero sabemos que esta lucha no tiene fin”.

A su turno María Teresa Cañas, asambleísta histórica de las AMPAP y de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), vinculó la resistencia socioambiental con los feminismos y la política nacional: “Sostener luchas colectivas en Mendoza tiene una revitalización. Desde los colectivos feministas decimos que lo personal es político, y hay muchos que no estaban participando y han empezado a activar con San Jorge. Va a ser un año de mucha resistencia por lo que significa tener un proyecto de extracción andando. La lucha de Mendoza es una lucha de todo el territorio, ese apropiamiento es muy importante. Y se viene un desafío nacional importante con la Ley de Glaciares. Nos queda con San Jorge y con Malargüe un largo camino por recorrer”.