CÓMO ES LA REFORMA DE LA LEY DE GLACIARES QUE TIENE EN CARPETA EL GOBIERNO DE MILEI

El Presidente adelantó que su objetivo es que “cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, lo que abriría las puertas a proyectos petroleros y mineros hoy prohibidos por la norma vigente.

En su desesperación por la necesidad del ingreso de divisas y ante la presión ejercida desde Estados Unidos, Milei va por todo. Aunque en el medio se lleve puesto la mitad de los recursos naturales del país y, con ello, la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente, la Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege y conserva las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo toda actividad que comprometa su integridad. Hace unas semanas, el mandatario anunció que enviarán un proyecto de ley para modificar la actual, con el objetivo de que “cada provincia determine cuál es la zona periglaciar”, aseguró.

El motivo de la ofensiva que ha desplegado el ejército libertario a partir de las declaraciones del presidente es claro: en su artículo 6, inciso C, la Ley 26.639 prohíbe el desarrollo de la explotación minera e hidrocarburífera en las zonas periglaciares. El argumento de Javier Milei para atentar contra los glaciares es que dichas zonas protegidas “no están bien definidas”. En su texto, la legislación le delega la realización del inventario y el monitoreo del estado de los glaciares al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

En los últimos días, el IANIGLA difundió un comunicado a través de su director, Pablo Villagra, esclareciendo el trabajo realizado por el instituto^: “El primer Inventario Nacional de Glaciares se presentó el 7 de junio de 2018 y, tras un proceso técnico-administrativo específico, en diciembre de 2024 se publicó la primera actualización parcial correspondiente a la región de los Andes Desérticos; actualmente se trabaja en la actualización de la región de los Andes Centrales (San Juan y Mendoza), cuya finalización se prevé para el primer semestre de 2026”. Al documento se puede acceder de manera online y es muy claro respecto de cuáles son las zonas periglaciares, en discrepancia con la excusa planteada por Milei para cederles los recursos a las empresas mineras.

Aún no hay cifras exactas de la cantidad de proyectos mineros que se podrían llevar a cabo si la ley se modifica o, peor aún, se deroga. Se habla de alrededor de 40 fuentes de minerales, entre ellos el cobre. Sin embargo, la razón por la que los libertarios intentarán llevar al congreso cuanto antes la modificación de la Ley de Glaciares tiene nombre y apellido: Glencore. La empresa suiza, una de las principales extractoras mineras más grandes del mundo, este año presentó dos proyectos de extracción de cobre en Argentina: El Pachón, en San Juan, con una inversión inicial de 9.500 millones de dólares y Agua Rica, en Catamarca, por 4.000 millones, donde también planean extraer oro, plata y molibdeno.

En agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, había anunciado la inversión de la multinacional: “Glencore, una de las empresas mineras más importantes del mundo, presentó hoy dos nuevos proyectos de minería de cobre al RIGI: Pachón, en la provincia de San Juan, y Minera Agua Rica, en Catamarca. Estos proyectos implican una inversión conjunta de USD 13.300 millones”. Lo que a “Toto” se le olvidó mencionar es que ambas minas se encuentran en zonas protegidas por la ley 26.639. El mismo caso aplica para las minas Los Azules de McEwen Copper por 2700 millones de dólares y Josemaría de Vicuña, por 4.100 millones, ambas en San Juan.

Si bien cuando se nombra a un glaciar, lo primero que se viene a la cabeza es el Perito Moreno, a cielo abierto y en el sur del país, lo cierto es que existen glaciares a lo largo de toda la cordillera, muchos de ellos cubiertos o los que se denominan “glaciares de escombros” que proveen de agua a las provincias cordilleranas y precordilleranas. Enrique Viale, presidente de Abogados Ambientalistas, explica la importancia de conservar estas fuentes de agua dulce: “Desde ahí nacen gran parte de los ríos que surcan nuestro territorio y van dando vida y trabajo. La destrucción de ellos significa también menos caudal hídrico en zonas donde cada litro de agua tiene un significado, en zonas áridas, semiáridas, donde el aporte es clave de estos recursos”.

Por otra parte, si bien los glaciares abastecen a más de la mitad del país, solamente ocupan menos del 1 por ciento de la cordillera, según el IANIGLA. Daniel Filmus, ex diputado nacional y uno de los impulsores de la Ley de Glaciares en 2010, es tajante con este tema. “Se puede hacer minería en el otro 99 por ciento sin ningún tipo de problema. Es decir que la ley de glaciares no obstaculiza a la minería en ningún aspecto salvo en aquellos lugares donde se comprueba que los glaciares son reguladores de los cursos acuíferos.”

Existe un antecedente reciente en la región sobre el intento de una minera de establecerse en zonas protegidas. En el año 2013, Barrick Gold debió suspender sus actividades en Pascua Lama, una mina a cielo abierto dedicada a la extracción de oro y plata en la frontera entre Chile y Argentina, a la altura de Atacama y San Juan . “Chile no tiene ley de glaciares, sin embargo, cuando los pobladores de la región de Pascua Lama denunciaron a la Barrick Gold por los desastres que estaba haciendo, la Corte Suprema de Chile directamente prohibió que siga la explotación y le cobró una multa de miles de millones de dólares a la empresa”, contó Filmus sobre la situación en la que Barrick Gold propuso una situación insólita: mudar los glaciares. El proceso llevó varios años, hasta que en 2020 la corte suprema clausuró definitivamente el proyecto debido al uso de cianuro y la posibilidad de descargas de aguas ácidas en los glaciares Toro I, Toro II y Esperanza.

Planteada en estos términos, la discusión que plantea Milei y sus secuaces no es sobre si está bien o mal que un país explote -más bien, que deje explotar- sus recursos naturales, sino acerca de la idoneidad de postergar la calidad de vida de sus habitantes por el ingreso de unos cuantos millones por unos años. Luego del fracaso de Barrick Gold en Pascua Lama, la empresa siguió operando en el país vecino, pero en zonas que no atentan, al menos directamente, contra la conservación de los demás recursos naturales.

A contramano del relato que promete empleo masivo y desarrollo para las comunidades cordilleranas, la minería a gran escala genera mucho menos trabajo del que se suele anunciar. Durante la etapa de construcción de una mina -la más intensiva en mano de obra - se contratan cientos o miles de operarios por un período acotado -dos o tres años-; pero una vez que el yacimiento entra en operación, la plantilla se reduce drásticamente y se estabiliza en cifras relativamente bajas. A eso se suma que gran parte de los puestos técnicos suelen quedar en manos de personal externo a la provincia, lo que limita el impacto real sobre el empleo local. El resultado es conocido en todos los pueblos mineros de la región: una burbuja de actividad temporal que se desinfla rápido, deja a muchos trabajadores fuera del sistema y consolida una economía dependiente de una sola empresa, sin diversificación productiva ni beneficios duraderos.

“La pérdida de un glaciar o de un ambiente periglacial es menos agua, menos agua es menos vida, trabajo y producción. Entonces, por una actividad que va a durar 15 o 20 años, con beneficios muy dudosos por el saqueo que significa, estamos sacrificando estos ecosistemas que hace siglos y siglos van formando ríos. No parece una ecuación muy inteligente”, sentenció Viale. La última actualización que compartió el Ianigla del Inventario Nacional de Glaciares, refleja una situación que ya, de por sí, es alarmante: En la región de los Andes Desérticos se observó, en un período cercano a diez años, una reducción del 17 por ciento en la superficie con glaciares y del 23 por ciento en los manchones de nieve perennes, poniendo de relieve cambios significativos en estas reservas estratégicas de agua.