PROFESIONALES PIDEN PROMULGAR SIN CAMBIOS LA LEY DE HONORARIOS
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias del Chaco (Fepuch) formalizó su posicionamiento respecto a la recientemente sancionada Ley de Honorarios para abogados y procuradores y pidió al gobernador su promulgación íntegra y rechazar el pedido de veto parcial presentado por la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales.
A través de una nota dirigida al Ejecutivo, la entidad que representa a 25 colegios y asociaciones profesionales sostuvo un "más firme y unánime apoyo" al reclamo de la abogacía organizada del Chaco, al considerar que la norma sancionada por la Cámara de Diputados constituye "una genuina conquista colectiva" fruto de años de trabajo, debate y consensos en el ámbito profesional.
Desde Fepuch destacaron el proceso que derivó en la aprobación de la ley, al que calificaron como "ejemplar en términos institucionales", con participación de profesionales de las seis circunscripciones judiciales y el respaldo de todas las entidades representativas del sector. En ese sentido, subrayaron que la promulgación sin modificaciones "es la consecuencia natural y debida de ese largo recorrido".
En contraposición, la federación expresó una "profunda preocupación institucional" por la intervención de la Asociación de Magistrados en un tema que —según argumenta— no le compete. La entidad remarcó que la ley regula exclusivamente los honorarios de abogados y abogadas, sin afectar aspectos vinculados a la magistratura como salarios, régimen disciplinario o jubilaciones.
LEGÍTIMA
En esa línea, cuestionaron la legitimidad del planteo de veto al sostener que no existe un interés directo comprometido ni una afectación concreta a la independencia judicial. Por el contrario, indicaron que la norma se limita a establecer pautas dentro del marco legal vigente y no restringe la potestad de control de constitucionalidad de los jueces.
Más allá de la discusión puntual, Fepuch enmarcó el debate en una dimensión más amplia vinculada al derecho de los profesionales universitarios a una retribución justa por su trabajo. En el documento, se advierte que las leyes arancelarias cumplen un rol clave como garantía para evitar la discrecionalidad en la fijación de honorarios y asegurar condiciones dignas de ejercicio profesional.
En ese contexto, la entidad alertó que habilitar excepciones sin declaración de inconstitucionalidad podría sentar un precedente "gravemente lesivo" no solo para la abogacía, sino para el conjunto de las profesiones reguladas por sistemas arancelarios.
D.N
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